La imprescriptibilidad de delitos de corrupción: Una promesa más

La acción política aún no llega, muchos de los corruptos ya no son juzgados y otros están prófugos esperando que sus delitos prescriban. Ni siquiera existe la voluntad por parte de nuestros representantes estatales para aprobar el proyecto de ley, presentado por la bancada oficialista,  que plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para que los delitos graves de corrupción cometidos por funcionarios públicos sean imprescriptibles.

Por primera vez, después de 10 años y de que se hayan presentado cerca de  60 proyectos de ley, se había avanzado con la aprobación de la norma en la Comisión de Constitución para su posterior votación en el Pleno. Pero las trabas aparecieron, los integrantes del Grupo Parlamentario Fujimorista, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano y Solidaridad Nacional lograron que el proceso se dilate y crezca la posibilidad de que se archive la propuesta, pues lo desviaron hacia la Comisión de Justicia.

Y esto a pesar de que algunos medios de comunicación como La Primera y La República, lanzaran señales de alerta de la inminente de prescripción, en pocos meses, de otros 52 casos de corrupción del régimen Fujimori- Montesinos. Las autoridades han dejado pasar 8 meses y aún no discuten sobre el tema dentro de la nueva instancia de votación. Medios como el Comercio y Correo apoyaron los argumentos del grupo detractor, quienes afirman de que de aprobarse la ley se formaría una eterna persecución política.

La seguridad jurídica no está en riesgo, por el contrario la imprescriptibilidad es una garantía al sistema democrático frente al poder político y económico que crea el corruptor. No se puede permitir que la impunidad gane terreno mientras esperamos la mejora del sistema de Justicia. Lo que buscan los detractores es que el sistema burocrático sea nuevamente lento para muchos otros delitos se archiven.

La lucha que la sociedad civil ha iniciado desde el año 2009 por medio del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción -red de análisis, vigilancia, seguimiento y propuesta compuesta por 13 organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran IDL, idehpucp, desco, Aprodeh, Forum Solidaridad Perú, entre otros- es fundamental, desde esa época se han ido recolectando firmas como una manera de informar y presionar no sólo legalmente al Estado, sino moralmente, porque un ciudadano que participa en la actividad política puede generar cambios positivos.

No olvidemos que la corrupción estatal es un símbolo de evidente fragilidad y falta de institucionalidad, además es un obstáculo para el desarrollo, pues afecta las posibilidades de crecimiento económico del país.

Nuestro presidente Humala prometió que su gobierno se enfocaría en equiparar desigualdades, en lograr desarrollo para los que menos recursos económicos poseían, la gran transformación. Y para ello apoyó desde su campaña la imprescriptibilidad de delitos de corrupción y también la inhabilitación de los corruptos para ejercer cargos públicos. Al parecer solo lo dijo para convencer a más votantes.

El Estado pierde entre 6,000 y 8,000 millones de soles por corrupción, cifra que representa entre el 10% y 15% de las compras y adquisiciones gubernamentales, según estima la Contraloría General de la República. Entonces se pierden grandes posibilidades de inclusión social, recursos que no llegan a invertirse ni en infraestructura, ni seguridad, y mucho menos en salud y educación de calidad. 

Queda en evidencia una increíble inacción por parte de las autoridades en nuestro país. Sin embargo no solo hace falta voluntad y acción política por parte de los funcionarios que se quedan en el discurso, sino que es necesario que la población tome conciencia, apoye y exija el cambio junto a las organizaciones que luchan por conseguir una democracia representativa (generar una alta capacidad de presión e influencia en el gobierno), ya que sino siempre ganarán la batalla los grupos poderosos con intereses particulares ajenos al desarrollo integral del país.