¡Chehade!: ¿Tráfico de influencias?

Texto redactado en noviembre del 2011

Omar Chehade, el vicepresidente de la Republica y miembro de la comisión multipartidaria encargada de investigar los presuntos hechos de corrupción del gobierno del ex presidente Alan García Pérez, ha sido denunciado por el IDL por el  presunto tráfico de influencia, tras una sospechosa reunión en el restaurante Las Brujas de Cachiche con integrantes de Policía Nacional del Perú (PNP), su hermano Miguel y un primo. Al parecer se coordinó acerca de desalojo en la azucarera Andahuasi para que el grupo Wong tome el control, hipótesis que fue reafirmada por el general en retiro Arteta, quién además indicó que Chehade nunca se negó en llevar a cabo un desalojo, y que lo que planteó es que se necesitaba un tiempo prudencial para realizar la operación.

Es evidente que en este caso tan delicado es necesaria una investigación imparcial y drástica, puesto que desde la campaña política el presidente Ollanta Humala y los miembros de su partido político (Gana Perú), del que también forma parte Chehade, hablaron acerca de mano dura contra la corrupción y esto sin importar quienes sean los perjudicados; es decir, que se iba a empezar a hacer algo de justicia. Además, el mismo Chehade estuvo a favor de levantar la inmunidad parlamentaria, pues esta propiciaba la impunidad por parte de los corruptos. Es así que como una muestra de coherencia con sus ideas, Chehade debería renunciar a los cargos de vicepresidencia y dejar de ser miembro de la megacomisión para aclarar el tema. Esto no demostraría su culpabilidad, sino por el contrario su disposición para un mejor funcionamiento de las instituciones públicas, pues es el país el que se merece una explicación y una muestra de respeto. El supuesto tráfico de influencias del vicepresidente genera una mala imagen de los miembros de las organizaciones del Estado, una crisis de autoridad como lo señaló la congresista Perez Tello de Alianza por el Gran Cambio.

Este caso demuestra que aún no se puede confiar en las autoridades del país y que la tan voceada política anticorrupción forma una vez más parte del discurso y no de la práctica.